La Universidad entre la pandemia y la nueva normalidad educativa

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La Universidad entre la pandemia y la nueva normalidad educativa

Paulo Falcón

Miembro Consejo de Gobierno UNESCO-IESALC

A modo de introducción

Este trabajo pretende sintetizar y esquematizar una serie de opiniones vertidas en algunos artículos publicados en diarios, capítulos de libros, charlas y conferencias realizadas sobre educación superior en el contexto de la pandemia de COVID-19 en universidades durante estos meses y desde distintas perspectivas de análisis, limitaciones y oportunidades.

Por eso se pretende comprender a la pandemia como marco general y como esto ha condicionado y potenciado determinados aspectos del desarrollo social; para posteriormente pasar a considerar los derechos en crisis, resaltando a la educación como derecho humano, bien público y social y responsabilidad de los Estados; y en función de esas conceptualizaciones pasamos a ver el desarrollo educativo durante la pandemia; concluyendo con la perspectiva actual y el tránsito hacia lo que varios autores denominan la “nueva normalidad” educativa.

La pandemia como contexto

Hace unas semanas en el artículo “Universidades y emergencia. Entre lo urgente y lo importante” , decíamos que la pandemia del COVID-19 es la primera a escala mundial de este siglo, superando a las anteriores. Durante estos meses hemos visto como el avance del virus afectó de modo diverso a las regiones y los países, siendo su capacidad y consistencia de respuesta un diferencial para evitar males mayores a las poblaciones.

Lo que implica reconocer a esta altura, que claramente hubo países que pudieron desarrollar políticas acertadas de prevención y otros no, hubo países en la pandemia es solo una crisis sanitaria y en otros además el coronavirus opero como un dominó, desencadenando problemas económicos, políticos o institucionales.

Sin dudas el espanto de la enfermedad y la muerte de muchos ha signado este año y a partir de allí el mundo se reconfiguró, modificando agendas y prioridades. Pero es en estos momentos de crisis en los que las sociedades deben tener mayor cuidado por eso antes de hablar de educación, me gustaría hacer mención a cinco aspectos que creo no pueden dejar de ser dichos en los ámbitos universitarios.

• El primero es que no puede haber pandemia que impida el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y las garantías de la ciudadanía. El coronavirus es el contexto, pero no puede ser el pretexto o la excusa para su restricción o freno a las libertades. Ni pueden los Estados como garantes de los DDHH descansar en sus obligaciones de cuidado y resguardo por este motivo.

• Lo segundo, es una preocupación por los efectos inmediatos y mediatos en los aspectos económicos y sociales. América Latina y el Caribe era la región más desigual del planeta antes de la pandemia, esas desigualdades se han profundizado. Lo que nos exigirá enormes esfuerzos a todos y en todos los sectores, salir adelante requiere de todos y todos juntos.

• En tercer lugar, llamar la atención al silencio de muchas instituciones frente al avance de sombras que nos traen los peores recuerdos como sociedad y me refiero a la brutalidad policial, al racismo y la xenofobia. Ante los casos como los de Espinoza en Tucumán, Floyd en EEUU y tantos otros, hace falta levantar la voz.

• En este mismo sentido, el recrudecimiento de las violencias de géneros en el marco del aislamiento social, imponen que las universidades no solo tengan una actitud firme y clara en contra de estos retrocesos, sino también de prevención y cuidado a las propias integrantes de la comunidad universitaria. Lamentablemente estas cosas pasan mucho más cerca de lo que mucha gente se imagina.

• Por último, en un contexto de pobreza estructural, desde hace décadas, se evidenciaron otro tipo de desigualdades. Es así como se hizo visible la brecha en materia de acceso a internet y a determinada tecnología básica, en especial para los sectores sociales menos favorecidos, a las poblaciones alejadas de los centros urbanos, pero aun dentro de sectores urbanos y con recursos, no se puede negar también la existencia de una exclusión tecnológica con los adultos mayores. Es decir los sectores más pobres, los más alejados y nuestros adultos mayores tienen menos posibilidades de acceso a información y formación, con lo que lo virtual tiene formas de exclusión muy reales.

De modo tal que este marco pandémico encuentra a las desigualdades sociales y tecnológicas previas, como un caldo de cultivo de mayores desigualdades. A esto debe sumarse -en varios países- el resurgimiento de vetas autoritarias, concentración de poder, freno a las instituciones de la democracia y la república, lo que sin dudas es una atmósfera proclive a la brutalidad policial y a las más terribles expresiones de segregación, discriminación, racismo y violencias de género.

Es imposible no incorporar esos datos de la realidad si se quiere analizar seriamente a las instituciones educativas en esta crisis, que claramente no es solo sanitaria y que ha generado negaciones a derechos y dificultades para el ejercicio de derechos fundamentales y de la cual saldremos adelante, pero lo haremos con pérdidas de vidas, habiendo sufrido violencias de diferente tipo, más pobres y más desiguales. Por eso la educación como la herramienta más potente contra las desigualdades debe volver a ser el motor de cambio que se requiere.

Derecho a la educación en la pandemia

Uno de los grandes desafíos planteados en este tiempo es como garantizar derechos en un estado de emergencia, con urgencias propias impuestas por lo sanitario y las medidas adoptadas en torno a la prevención.

¿Por qué hacemos referencia al derecho a la educación? Porque el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional, que establece en su Art. 14, al “derecho a enseñar y a aprender”. Derechos éstos que al no contar con especificaciones, se refieren al derecho a enseñar y aprender en todos los niveles del sistema educativo.

En materia de educación universitaria, a partir de la reforma constitucional de 1994 según el Art. 75 Inc. 19 establece que corresponde al Congreso de la Nación: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación… y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.” Con esto se incorporan a la Constitución a los principios de autonomía y autarquía universitaria, como principios fundantes de la idea constitucional de Universidad, por lo que al ser su enunciación sin adjetivaciones o limitaciones, la Carta Magna ha fijado un marco amplio para su desarrollo, lo que no puede ser limitado arbitrariamente por las leyes, decretos o disposiciones universitarias, en ningún momento, ni siquiera en un estado de emergencia, como el tiempo actual.

El derecho a la educación como derecho fundamental, se comprender de dos componentes: enseñar y aprender, por lo que docentes y estudiantes son sus titulares y quienes tienen derecho a exigir su respeto y resguardo, esto se hace extensivo a las instituciones universitarias como garantes de su desarrollo.

En relación al derecho al acceso a la educación universitaria, tal como lo planteábamos en el artículo de referencia , es clara la definición constitucional y legal que conjugando el ingreso irrestricto y la gratuidad va de la mano con la universalización del acceso a la educación universitaria como un rasgo imprescindible de la educación universitaria estatal de modo permanente y en todo el país.

Planteamos esto, ya que el estado de situación actual a partir del CIVID-19 ha provocado algunas situaciones a resolver de modo conjunto universidades y jurisdicciones provinciales, toda vez que por ejemplo, los ingresantes a este ciclo lectivo universitario, que adeudan materias del secundario, al no poder dar esos exámenes, no pudieron completar el requisito de ingreso a la universidad. Con lo que tampoco pueden ser considerados estudiantes universitarios de modo pleno, generando una situación académica sumamente particular y completamente ajena a la voluntad de estas personas.

Esto obliga a tomar definiciones de prórrogas de los plazos y consideraciones sobre las actividades académicas a desarrollar por estas personas según fijan las regulaciones universitarias, hasta tanto la escuela secundaria pueda realizar esas evaluaciones y los estudiantes completar el ciclo de formación exigido como requisito en el Artículo 7º de la ley de Educación Superior para ingresar sin restricciones a la universidad pública.

Por otra parte, el derecho a la educación también están constitucionalmente garantizados conforme lo dispuesto en el inc. 22 del Art. 75, por un conjunto de tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, dentro de los cuales podemos mencionar concretamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta jerarquización constitucional a los tratados internacionales de DDHH otorga al derecho a la educación en la educación pública el carácter de derecho humano, bien público y social y una responsabilidad indelegable del Estado, haciendo aplicable el principio de no regresividad en materia de DDHH, por lo que el estado jurídico asumido por la educación universitaria y su acceso no puede verse afectado, ni tampoco ser considerado un servicio.

Dicho lo anterior, si se sostiene el derecho a la educación en todo momento y en todos los niveles, y como hemos dicho antes, tanto para enseñar, como para aprender. Por lo que la emergencia, no puede limitar el derecho a la educación universitaria, por eso se impone tanto al Estado, como a las instituciones universitarias la responsabilidad legal de garantizar este derecho a toda la ciudadanía.

Es importante decir que al tener el Estado la obligación en Argentina de sostener el ingreso irrestricto a las universidades públicas, pero también no solo el ingreso, también se da una garantía de igualdad de oportunidades en la permanencia,lo que exige a generar políticas de apoyatura del Estado para que todos puedan alcanzar y sostenerse en la universidad, y este último concepto, es clave en la actualidad con las enormes dificultades existentes.

A todo esto, también debe agregarse también la garantía de egreso, ya que este tiempo encontró a numerosos estudiantes a punto de egresar, demorando su graduación, no en vano recientemente hemos visto como numerosas instituciones habilitaron evaluaciones en exámenes finales, tesinas o trabajos finales de grado, etc.

Pero la educación como derecho, no solo debe ser vista como hasta ahora, en este análisis desde la perspectiva de las trayectorias estudiantil (acceso, permanencia o egreso) genéricamente, el derecho a aprender; sino también el derecho a enseñar y por lo tanto la posibilidad de enseñar, a quienes ejercen la docencia tienen derechos a ser garantizados y resguardados tanto por las instituciones educativas, como por el propio Estado, en particular por que ciertas dificultades resultan completamente ajenas a su voluntad, en esta crisis.

Ahora bien, si la educación es un derecho humano, si es un bien público y social y una responsabilidad del Estado, en momentos en donde la enseñanza y los aprendizajes en entornos virtuales se ha vuelto en el instrumento para garantizar la continuidad educativa. Es imposible no considerar al acceso a la conectividad a internet, datos y artefactos tecnológicos, como derechos fundamentales para garantizar que docentes y estudiantes puedan seguir adelante con sus actividades educativas.

Este es sin dudas es un aspecto a trabajar para reducir brechas y desigualdades y emplear a la tecnología para potenciar el acceso y sostener lo educativo, científico y cultural, tan propio de la vida universitaria.

La continuidad educativa durante la pandemia

Según UNESCO a mediados de abril de 2020, 188 países habían cerrado sus escuelas y universidades, lo que significa aproximadamente el 90% de la población estudiantil mundial y más de 63 millones de docentes en todo el mundo sin poder concurrir a sus instituciones educativas de manera presencial, como consecuencia del aislamiento social obligatorio.

Este cuadro, generado rápidamente a partir del mes de marzo, hizo que la UNESCO impulsara una Coalición Mundial para la Educación COVID-19, para reunir actores de distintos sectores, compartir recursos y ayudar a los Estados e instituciones para garantizar el desarrollo de la educación durante la pandemia.

El aislamiento social obligatorio, lo que popularmente conocemos como cuarentena , ha sido en este tiempo el medio más idóneo para prevenir el contagio del virus, y obligó a los Estados e instituciones universitarias al consecuente cierre de las instancias educativas presenciales y a pensar alternativas, dando lugar a algo que titulábamos hace poco en un artículo como “la revancha de la educación a distancia” .

En este sentido si bien la pandemia generó y genera aún enormes desafíos, el desarrollo tecnológico de estos días permite a los Estados y universidades contar con capacidades para hacer frente a esta crisis de modo inteligente y garantizar el acceso a la educación como derecho humano personal y social, un bien público y una responsabilidad de los Estados.

En plena pandemia el Estado argentino, debió tomar nota que la educación a distancia no podía ser desarrollada para estudiantes menores de 18 años, salvo en los casos de ruralidad y en los últimos años del secundario, así lo marcaba la Ley de Educación Nacional en su art. 109. Esto lo evidenciamos en el artículo “La educación prohibida” . Posteriormente el Congreso de la Nación corrigió esta situación, por medio de la modificación de esa Ley, recién el pasado 11 de junio, aprobando un marco de excepción aplicable en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la educación presencial. Con ello se convalidan las definiciones adoptadas desde marzo de este año, para continuar educando a niñas, niños y adolescentes y habilita la opción pedagógica para otras situaciones extremas. Esta nueva ley es un avance parcial, ya que no se toma a la tecnología como vía para complemente o enriquecimiento de lo presencial, pero es avance al fin.

En este tiempo, pero en especial a partir del aislamiento obligatorio, las universidades hicieron evidente sus voluntades institucionales en el sostenimiento de la educación con los recursos y medidas adoptadas para sostener la educación en este tiempo (como ser acciones de capacitación, nuevas reglamentaciones, creación de recursos tecnológicos, aulas virtuales y una serie de dispositivos en el sentido de la denominada “virtualización”. Es decir sostener la educación por medio de tecnologías.

Pero también -y aunque resulta increíble solo pensarlo- en muchas instituciones universitarias, aun siendo ámbitos de enorme accesibilidad y disponibilidad a tecnologías de la información y comunicación, no se tenía presente las limitaciones de conectividad de estudiantes y docentes para el desarrollo de sus actividades cotidianas en entornos virtuales, digo esto porque en general estas situaciones han sido puestas en la agenda universitaria en esos meses.

En Argentina, las universidades acordaron un nuevo marco para el desarrollo de la educación a distancia en 2017 y sus sistemas institucionales de educación a distancia fueron evaluados desde el 2018, teniendo unas 100 instituciones los denominados “SIED” ya validados o presentados por las universidades, lo que supone, un debate previo y acuerdos en términos institucionales para llevar adelante la educación mediada por tecnologías.

Esto sin dudas hizo que muchas instituciones se encuentren en mejores condiciones para afrontar los desafíos que impuso el COVID-19 para sostener la educación, ya que los sistemas, no son solo las plataformas tecnológicas, sino que son el conjunto de normas, prácticas, etc. para llevar adelante la opción pedagógica y didáctica a distancia.

Pero como suele pasar en nuestro país, en algunos casos entre lo formal y lo real, hay una distancia. Muchas instituciones, tenían sistemas de educación a distancia sin aplicación real, por lo tanto la gran mayoría de los usuarios actuales, son usuarios a partir de la urgencia generada por la pandemia, con todo lo que eso implica en cuanto a capacitación y experiencias para desenvolverse en entornos de virtualidad.

Tanto las docencias, como los aprendizajes, requieren de competencias básicas para ser un buen docente y un buen estudiante. La aplicación acrítica, de entornos virtuales, de un día para otro, sin formación previa en muchos casos y sin consideración a las disciplinas de las carreras, generó que hacia dentro de las universidades tengamos desigualdades en las formas y maneras que sostenemos la educación entre carreras e incluso entre cátedras de una misma propuesta académica.

La visibilidad actual de las enseñanzas por medio de tecnologías extendida a todo el sistema universitario, puso de relieve que con anterioridad la educación a distancia no se encontraba en la agenda en términos de la actividad docente, los convenios y acuerdos paritarios no habían tenido presente estos desarrollos de modo previo, por lo que las más de 500 carreras desarrollas a distancia en el sistema universitario argentino antes del COVID-19 , se llevaban adelante con las mismas reglas de lo presencial, siendo que aunque los derechos pueden ser los mismos, las condiciones de ejercicio cambian rotundamente.

El mundo no estaba preparado estos cambios, y nuestro sistema educativo tampoco, a punto tal que hoy se habla del síndrome de “corona teaching” a partir del pase de lo presencial o lo virtual, como síntesis de las sensaciones de incomodidad y cansancio, que evidencian muchos docentes antes las dificultades tecnológicas comprobadas en el marco de aislamiento.

Todo esto hace que podamos arribar a cuatro afirmaciones apresuradas:

• Una de ellas es que toda carrera universitaria tiene contenidos que pueden fácilmente ser desarrollos en entornos virtuales;

• Otra afirmación es que los aspectos prácticos de algunas carreras en las que los trabajos de campo, la atención de pacientes, casos, resolución de problemas requieren inmediatez contacto, se ven sumamente limitadas en la educación por medio de tecnologías actuales o bien a disposición y ciertamente las carreras en las que el trabajo requiere espacios adecuados para su actividad, o donde lo corporal y el uso de los sentidos es irremplazable, se han visto por lo menos limitadas en este contexto y lo repentino del proceso, en muchos casos obligó a su parate; y

• La falta de conocimiento y experiencia sobre lo virtual, puso en crisis a las instancias de evaluación. Aunque miles de estudiantes y docentes asisten desde hace años a carreras completamente a distancia y las evaluaciones se desarrollan normalmente, en aquellas instituciones sin tradición en educación a distancia, la idea de evaluación sin presencialidad, ha sido puesta en debate desnudando prejuicios, a punto tal que en muchas ha sido postergada, o mejor derecho aplazada. Por el bien de muchos estudiantes y algunos hoy egresados, varias universidades decidieron avanzar garantizando sus derechos, entendiendo a la evaluación como una instancia más del proceso educativo.

• Por último, la actividad desarrollada durante el aislamiento, por medio de las tecnologías, precisa de una evaluación, tanto a nivel institucional, como a nivel de los procesos de enseñanzas y aprendizajes, de manera que se pueda tener conocimiento real sobre el estado de la situación educativa en cada caso, y a partir de ello, se permita tomar las medidas necesarias para asegurar la calidad de la educación universitaria.

El camino hacia la nueva normalidad educativa

Los países han pasado por diferentes etapas, diferenciadas por las políticas para enfrentar el COVID-19. Estas etapas fueron escalonando primero y decreciendo después en función al avance y retroceso posterior del virus. Es así que pasamos de medidas de cuidado personal y distanciamiento, al aislamiento social y como consecuencia el cierre de escuelas y universidades, esto provocó acciones de sostenimiento de la formación, como lo está siendo la educación a distancia.

En estos días Argentina inició su debate para la vuelta a la educación presencial, varias provincias así lo expresaron y el Ministerio nacional creó el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas. La planificación debe ser participativa, pero debe resguardar autonomías y realidades provinciales y universitarias, para dotarla de fuertes consensos.

Pensar en las siguientes etapas, obliga a tener una agenda que en base a lo realizado, permita que lo social, sanitario y educativo se conjugue en una propuesta integrada y coherente.

Por eso la reapertura de las instituciones educativas es una definición mucho más profunda que fijar una fecha para la vuelta a la presencialidad, porque seguimos en el marco de la pandemia.

Las nuevas instancias precisan acondicionamiento de la infraestructura de las instituciones para su reapertura. Por eso la pregunta no es solo cuándo, sino también, cómo volvemos a lo presencial, para garantizar educación y cuidado en el marco de la pandemia.

Lo presencial va a requerir la reprogramación de actividades académicas, retomando lo desarrollado virtualmente, compensando déficits que seguramente los hay, por lo que hay que dar continuidad a dispositivos de seguimiento y tutoría desplegados en la etapa anterior, generando a su vez protocolos de actuación de todas las situaciones educativas que demandan interacción social, que van desde el trabajo en aulas (recreos en la educación obligatoria) y actividades físicas, de destrezas corporales, hasta tareas de campo, trabajo en laboratorios, por citar algunas.

En lo universitario por ejemplo, parte del trabajo podrá seguir siendo virtual retomando lo presencial para instancias de prácticas, seminarios o evaluaciones, de modo de evitar aglomeraciones sociales.

La última etapa, una vez consolidada la reapertura de las instituciones, en eso que algunos llaman la nueva normalidad, se debe centrar en tomar todos los aprendizajes realizados en este tiempo, contrastarlo con lo previo y reflexionar sobre el sistema educativo, como a nivel institucional, docente y estudiantil para encarar una profunda reforma curricular, pedagógica y didáctica.

Hacer de esta crisis una oportunidad para una reforma del siglo XXI, capaz de potenciar a la educación que pueda comprender a los sujetos con los que hoy trabajamos y su contexto, y pueda anticiparse a lo que va a ser necesario mañana, convirtiendo nuestras instituciones en instituciones inteligentes, pero fundamentalmente para que la relación estudiante-docente sea actualizada a estas nuevas normalidades, para seguir cuidándonos; conservando lo bueno –que no es poco-; innovando en lo que haga falta, complementando y extendiendo lo presencial con entornos virtuales; creando lo nuevo de modo más abierto, democrático e inclusivo.

1- Incorporado en el libro “El crepúsculo de las simples cosas. Lecturas esperanzadas y perspectivas críticas para un Sur en pandemia” (ebook)Editores: Nelson Specchia y José Emilio Ortega. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. 2020.

2- https://www.losandes.com.ar/article/view/?slug=la-educacion-universitaria-por-paulo-falcon

3- Aunque a esta altura (mediados de junio 2020) hay regiones en Argentina que están cercanasa los 100 días de encierro.

4- https://www.lagaceta.com.ar/nota/838182/actualidad/revancha-educacion-distancia.html

5- https://www.perfil.com/noticias/columnistas/la-educacion-prohibida.phtml?rd=1

6- Síntesis de información estadísticas universitarias 2018-2019. Ministerio de Educación de la Nación.Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/sintesis

Paulo Falcón

San Lorenzo 341, San Miguel de Tucumán

paulofalcon76@gmail.com

Miembro Consejo de Gobierno UNESCO-IESALC